Por Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret
Fuente: El Universal 18/10/11
“¡No sabes el miedo que tenían! ¡Llegamos y soltaron toda la sopa a la primera pregunta!”, me cuenta admirada una fuente de alto nivel ligada a la investigación sobre el dinero sucio de los casinos ilegales de México. Está hablando de los interrogatorios que, tanto la PGR como la Secretaría de Seguridad Pública federal, hicieron a ejecutivos de casinos en el norte del país y el DF, al día siguiente del incendio que mató a más de 50 personas en el Royale.
Cuando en ocasiones anteriores habían tomado declaración a presuntos responsables de cometer delitos en el marco de los centros de apuestas, ninguno quería hablar y esperaban hasta desafiantes la intervención de sus abogados para sacarlos del problema. Sin embargo, quizá movidos por el pavor que generó la tragedia del Royale, algunos dueños y no pocos gerentes y empleados de casinos ilegales colaboraron ampliamente con las autoridades.
Un grueso expediente recoge las declaraciones vertidas ante la autoridad y que generó dos sorpresas entre los encargados de la seguridad nacional (en el operativo convergieron Ejército, Gobernación, PGR, Hacienda y SSP):
1.- La averiguación previa gubernamental relata que la multiplicación de establecimientos de juegos ilegales en México ha estado financiada por el crimen organizado nacional e internacional. Reporta que hay casinos con dinero del cártel de Los Zetas, así como por las mafias rusa y venezolana. Fue tal el crecimiento de los centros de apuestas —basados en la capacidad corruptora de sus capitalistas, que se amparan en la figura de “juegos de habilidad y destreza” como si en los casinos ilegales hubiera Nintendos— que se llegó a una sobresaturación: había más de los que el mercado (la gente, los clientes) podía llenar, al grado que el ingreso promedio que una de las famosas maquinitas genera para sus dueños inició en México siendo de entre 100 y 150 dólares diarios hace cosa de cinco años, y terminó ya este 2011 reportando ganancias de 15 a 20 dólares al día.
2. Pero lo que más asombró fue que, de manera recurrente, en las declaraciones de gerentes y administradores de los casinos ilegales figuró el nombre del actual secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Tomás Ruiz. En la Secretaría de Seguridad Pública federal, nos sostienen fuentes muy bien colocadas, están siguiendo una línea de investigación que tiene que ver con este conocido funcionario público que en los últimos tres sexenios ha sido subsecretario de Hacienda, diputado federal del PRI, partido del que se salió para militar en el Panal de la maestra Elba Esther Gordillo; ella lo hizo dirigente nacional, y terminó a cargo del dinero público en el gabinete del gobernador priísta veracruzano, Javier Duarte de Ochoa.
Veremos hasta dónde llega esa indagatoria y a qué costo.
SACIAMORBOS
El gobernador panista, explosivo como se sabe que es, irritó a quienes le ayudan en la seguridad cuando violó un retén y hasta rompió con su convoy las plumas que no se habían levantado para darle paso.
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