Comenzó el carnaval de Guadalupe Porras David, ex alcaldesa de Minatitlán. Un día, su sucesor, Leopoldo Torres García, la acusa públicamente de incurrir en actos de corrupción; le imputa que hubiera beneficiado a la empresa Secort Construcciones, S.A. de C.V. con la obra del puente Capoacán, mediante un pago de 30 millones cuyo origen es un crédito con BANOBRAS y otros 18 millones aportados por Petróleos Mexicanos; asegura que la obra no se licitó y que se pagaron 48 millones de pesos apenas por cuatro pilotes. Al día siguiente, doña Lupe Porras mueve sus piezas; habla por ella Alvaro Torres, ex director de Obras Públicas, quien sostiene que la obra sí se licitó y que lo que se pagó fue la parte proporcional del total contratado. Sea como sea, el asunto apesta. La incomodísima priísta habría incurrido en un hecho más grave: el contrato fue asignado sin la firma del síndico Noé Hernández, una flagrante violación a la ley que podría llevarla a resarcir el daño patrimonial o enfrentar un proceso penal con el riesgo de pasarse varios años en prisión o a salto de mata. En los próximos días Lupe Porras va a ser apaleada nuevamente por los grupos priístas de Minatitlán. Se sabrán cosas peores, entre otras que detrás de la empresa Secort está un tal Theurel, el verdadero dueño de esa compañía…
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